Actores no estatales: Grupos al margen de la ley, movimientos sociales y partidos políticos.


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Citas duplicadas

El desbloqueo de la democracia exige un contrato social y el establecimi ento de un modelo de desarrollo fundado en la expansión de las capacidades de la gente, que haga posible para todos, en condiciones de equidad, el acceso a los beneficios del crecimiento y de la ciudadanía. Su enunciado no implica una jerarquización, ni agota el espectro de las reformas posibles y necesarias.

Entonces se dio por zanjado definitivamente el problema planteado por las guerrillas en los años sesenta. Resulta indispensable establecer los instrumentos necesarios para hacer efectivo el predominio de lo social y la igualdad de oportunidades. La construcción de la paz requiere de la existencia del Estado Social de Derecho.


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En la experiencia histórica de la construcción de los Estados europeos, la paz fue un requisito para la consolidación de un sistema de justicia de ese tipo. Reformar el sistema de partidos y electoral, rodear de garantías la oposición y las minorías. La experiencia histórica muestra que los procesos de transición a la democracia son reversibles o en todo caso, lentos.

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Los problemas del sector rural tienen que ver con la incapacidad del modelo de desarrollo para resolver las inequidades y la injusticia social. Estos problemas son solubles en forma duradera a partir de cambios en el modelo de desarrollo que, como hemos dicho, se orienten a una redistribución del poder y de la riqueza, de manera que todos los habitantes tengan acceso a bienes y servicios y se permita el desarrollo de sus capacidades.

La situación remite a una serie de problemas que afectan, algunos de ellos, al conjunto de los pobladores rurales y de las actividades económicas que en él se desarrollan: la seguridad. Las guerrillas, especialmente las Farc-EP, invocan la cuestión de las tierras como uno de los factores que justifican su recurso a las armas. Durante años se habló de que esta tozuda tesis era un anacronismo. Pero la expansión de la guerra, el paramilitarismo, la narcoeconomía la destrucción de las economías campesinas, por la equivocada política antinarcóticos, modificó sustancialmente los referentes del sector rural y de lo que tradicionalmente se identificó como problema agrario.

Hoy se acepta, como punto de partida, la necesidad de resolver un problema histórico de tierras, pospuesto por las ilusiones de una colonización sin perspectivas de integración eficiente al mercado: y en consecuencia, la necesidad de relocalización de significativos contingentes de población, En ese sentido, mantiene vigencia la tesis de la urgencia de una reforma agraria.

El desarrollo multisectorial de la economía rural y el menor peso relativo del sector agropecuario en la econorrua nacional y en la estructura de poder han contribuido a que la insistencia en la reforma no despierte las resistencias del pasado. Articulados a la reforma agraria se encuentran los problemas de productividad y competitividad del sector.

No se trata de entregar tierras para que en el mediano plazo contribuyan a agudizan la construcción de la propiedad, sino de ofrecer tierras con capacidad productiva, integradas al mercado, y el adecuado soporte en créditos y asistencia técnica.


  • DOF - Diario Oficial de la Federación.
  • Las organizaciones de desocupados y el Movimiento Barrios de Pie.
  • SOLUCIÓN POLÍTICA NEGOCIADA: OPORTUNIDAD PARA LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA SOCIEDAD.
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Centenares de miles de campesinos son criminalizados por esta actividad, cuya resolución pasa por los centros de poder internacional, pero también por la redistribución de poder, de tierras y de ingresos. El fortalecimiento de la equivocada política antinarcóticos a través del Plan Colombia, que ataca exclusivamente la oferta por la vía de las fumigaciones, se convierte hoy en la mayor amenaza para la intensificación y extensión de la guerra. Ante esta evidencia, aunque sigue siendo objeto de controversia, se abre paso la posición que sostiene la necesidad de una revisión global de la política y la definición de un nuevo papel de la comunidad internacional, sobre la base de la aplicación del principio de corresponsabilidad y del reconocimiento de que la cuestión de los cultivos de uso ilícito es un problema fundamentalmente social.

En materia de recursos naturales, punto especialmente sensible para las conversaciones con el ELN, en lo relativo a la explotación de hidrocarburos, se requiere definir una política que contemple aspectos ecológicos, económicos y políticos. En lo ecológico, es indispensable orientarse con criterios de sostenibilidad, que implican una graduación de las explotaciones, para evitar un agotamiento prematuro de los recursos; mantener una reserva estratégica, destinada a suplir las necesidades nacionales y prever los reemplazos de los recursos energéticos no renovables, por renovables.

Angelica Rodriguez Rodriguez - Citas de Google Académico

En lo económico, no se pueden olvidar los determinantes de la mundialización de la economía, lo que demanda, en relación con la producción de petróleo y otras fuentes energéticas, negociar de acuerdo con las condiciones del mercado mundial y establecer los mecanismos que le permitan al Estado apropiarse del excedente de los beneficios del negocio. Uno de los sustratos del conflicto es el choque inmanente entre las regiones y las artificiales divisiones administrativas impuestas por los proyectos nacionales oficiales.

La resolución de la guerra es un problema político, de distribución de poderes. Se trata de aprovecharla para que esa distribución de poderes se oriente a la profundización de la democracia. El presidente Pastrana abrió, en una nueva etapa en el ya largo recorrido de las negociaciones de paz 58 , al establecer la zona de distensión en el suroriente del país, para adelantar las negociaciones con las Farc- EP. Dos años después, los resultados son inquietantes. El escepticismo Ciudadano en torno al proceso es grande, así como las críticas al comportamiento de las Farc-EP en la zona de distensión y al gobierno, por la forma como ha conducido su política de paz.

Las perspectivas de la negociación con el ELN son inciertas. Tan solo a fines del , con la colaboración de la Comisión Facilitadora Civil y el Grupo de Países Amigos, 59 fue posible llegar a un preacuerdo entre el gobierno y el ELN, para establecer una zona de encuentro, en la que se desarrollarían la Convención Nacional por la Paz y la mesa de negociación con el gobierno.

Pero la oposición de sectores de la población de los municipios comprendidos en esa zona, oposición alentada y respaldada por los paramilitares, ha impedido su concreción. Estados Unidos ha estado siempre presente en la guerra interna. Pero la situación ha cambiado con la aprobación del Plan Colombia, que compromete mil trescientos millones de dólares, cuyo destino en su mayor parte es para organizar batallones militares antinarcóticos, Por ese camino se ligan la lucha contra la droga y la lucha contrainsurgente y se asignan recursos a un Ejército que sigue cuestionado por sus vínculos con los paramilitares.

Latinoamérica. Revista de Estudios Latinoamericanos

La Unión Europea se distanció del Plan Colombia y propuso alternativas de cooperación para el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo social e invocó el principio de corresponsabilidad, para enfrentar el problema de la economía de la droga, con una política diferente a la estadounidense. En el proceso con el ELN, por pnmera vez en la historia de los procesos de paz, una Comisión de Países Amigos cumple funciones de acompañamiento y facilitación. Balance necesario frente a la inevitable presencia de Estados Unidos en el proceso de paz. Solución negociada: la alternativa menos costosa para la sociedad.

Y muy seguramente exigiría el recurso a formas autoritarias. En esta situación, la solución política negociada es la menos costosa para la sociedad. Las guerrillas parecen entender que un proyecto socialista en el mundo globalizado de hoyes inviable, pero eso no significa que hayan renunciado a su aspiración de llegar al poder. Lo importante es que, por primera vez, aceptan incluir estas reformas en un horizonte democrético.

El gran reto y a la vez la mejor garantía para avanzar por el camino de la solución negociada es la participación activa de la sociedad, con su diversidad de intereses y de proyectos. La democracia no es compatible con la guerra. Si la diferencia entre conflicto armado y guerra es de continuidad, magnitud e intensidad de la confrontación armada, lo que hubo desde los sesenta hasta bien entrados los ochenta fue conflicto armado y lo que hay ahora es una guerra.

David Charles-Philippe [] trata la diferencia entre conflicto y guerra. Las que surgieron a partir de los años sesenta luchan para sustituir al Estado. Incluyo aquí a las Farc-EP que, aunque tuvieron su origen inmediato en un movimiento campesino de autodefensa y no se proponían en ese entonces la toma del poder por la vía de las armas, estaban inscritas en la estrategia del Partido Comunista para la 'conquista del poder' mediante la combinación de todas las formas de lucha. Todas estas guerrillas son tributarias de la izquierda marxista y se alinderaron, en su orden, en turno a las posiciones de los gobiernos de la Unión Soviética, Cuba y China.

El ELN fue el fruto de una decisión política, adoptada pur un grupo integrado en su mayoría por estudiantes universitarios, de replicar en Colombia la experiencia del 'foco insurgente' de la revolución cubana. Pero a diferencia del ELN. La facilidad y la costumbre de consntuir gobiernos de casta ha venido desligando a las primeras de las segundas.

Ramírez sostiene que a lo largo de nuestra historia republicana se ha aplazado "la tarea histórica para construir un contrato social que integrara, dentro de las posibilidades reales de la inclusión capitalista, los intereses particulares y contrapuestos de la sociedad colombiana" [37]. Los 7,3 por ciento restantes sic fueron obtenidos mediante el desvío de recursos, rendimientos de las inversiones y otros"[DNP , 76]. Restrepo sostiene que "la guerra en Colombia nunca ha sido nacional, siempre ha sido terrítonal" y que se ha orientado al control de territorios que le permitan después entrar a negociar el equilibrio de fuerzas a nivel nacional [Restrepo ].

Una aproximación a esta dimensión se encuentra en Mandato Ciudadano [], en particular en los artículos que allí se incluyen de Libardo Sarmiento, Darío I. Restrepo y Daría Fajardo. Los narcolatifundistas financian el paramilitarísmo y aceleran el proceso de privatización de la seguridad y de desinstitucionalización del Estado.

El crecimiento del narcolatifundio se puede consultar en Reyes []. A raíz de la amnistía decretada por el gobierno de Betancur y de las treguas con las Farc, el M19 y el EPL, sectores de las Fuerzas Militares y de la Policía apoyaron la formación de grupos paramilitares para enfrentar el crecimiento de la guerrilla. El paramilitarismo también ha estado asociado al control de la zona esmeraldífera en la que, desde siempre, se instauró una orden regulado por la violencia ejercida por grupos de particulares.

Véase al respecto Pardo [, ]] y Medina []. Véase Ministerio de Defensa [,24]. Añade que "por su participación directa y continua en las hostilidades, estos grupos deben ser considerados como parte del conflicto armado interno". Sostiene igualmente que "los grupos de autodefensa ilegales son perseguidos por el Estado" [, 10 y 11]. La media regional para América Latina y el Caribe entre fue de Véase Bourguignon [20].

Se destacan en segundo orden los delitos contra el patrimonio económico, que representan elBO por ciento de la criminalidad total. La criminalidad global fue en de 4. Véase Rubio []. Cada una de ellas se define en función de su objetivo: "tomar o mantener, por la fuerza el poder político, económico o social". Véase al respecto Solimano y otros []. El 72 por ciento de la población es pobre y el 1,3 por ciento de los propietarios posee el48 por ciento de las tierras. Igualmente convendría explorar lo que ha sucedido con la propiedad rural en zonas de megaproyectos de desarrollo y conflicto armado.

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Mediante retenes en las carreteras o en las ciudades, secuestran indiscriminadamente y luego cobran rescate en función de los ingresos de los secuestrados. Estos puntos retoman propuestas de las Farc-EP que aparecen en la Plataforma para un gobiemo de reconstrucción y reconciliacióll nacional, de la agenda acordada en las fallidas negociaciones de Tlaxcala y de las formuladas en diversos foros de sectores políticos y sociales.

Esta iniciativa fue acogida en el Acuerdo de Puerta del Cielo, en Maguncia, en junio de Derechos humanos, justicia, impunidad, Derecho Internacional Humanitario, conflicto e insurgencia. Recursus naturales y política energética. Democracia, Estado, Fuerzas Armadas y corrupción. Economía y problemas sociales. Pero hay que destacar, en relación con esas iniciativas y con las organizaciones ciudadanas de paz, el documento pionero de la Conferencia Episcopal y la Comisión de Conciliación Nacional, que, previas consultas abiertas, definió como eje de paz la justicia social; las iniciativas de participación desarrolladas por la Red de Iniciativas por la Paz y contra la Violencia, Redepaz; las declaraciones de las dos Plenarias Nacionales de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz; el Mandato Ciudadano por la Paz la Vida y la Libertad y los resultados del trabajo de las Mesas Ciudadanas; las conclusiones de los dos Congresos Nacionales de la Red de Universidades por la Paz y la Convivencia; las conclusiones del Encuentro Internacional sobre Paz, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, celebrado en Costa Rica, en octubre de , convocado por la convergencia Paz Colombia.

El presidente Barco retomó el camino de las negociaciones con el M19, en y lo llevó hasta la desmovilización de esta. Desde entonces, no hablan vuelto a darse negociaciones de paz. La Oficina de la Alta Comisionada de Las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha señalado reiteradamente la responsabilidad estatal por acción u omisión en la crisis humanitaria. Propone la concertación de un nuevo Plan que enfatice en soluciones sociales al problema económico y social de los cultivos de uso ilícito y que se diseñe en concertación con las comunidades.

Centenares de dirigentes políticos, defensores de derechos humanos, académicos, luchadores por la paz fueron asesinados u obligados a abandonar el país. A propósito de las condiciones para la negociación de guerras civiles, véase Krumwiede []. Sobre la violencia , Taurus, Madrid. Planeación y Desarrollo. La guerre et la paix. Approche contemporaines de la securité et de la stratégie, Presses de Sciences Po, París. Colombia en transición. Región e historia. Conflicto social y violencia. Revista de estudios sobre el Estado y la sociedad, 2, Barcelona, segundo semestre.

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